Se entiende por imputabilidad la capacidad psíquica de culpabilidad, de entender la antijuridicidad de los hechos.Cuando la ley fija un límite etario mínimo, lo hace sobre la base de considerar que la madurez objetiva se alcanza en dicho punto, tomando como base la media social.
Nuestros jóvenes de 14 años –a quienes hoy se quiere declarar imputables- consolidaron su personalidad en medio de la crisis del 2001, con carencias sociales y estructurales, con la consecuente deserción escolar, falta de trabajo digno para ellos y sus padres, deficiencias en sistema de salud, etc..
Pareciera que ante la “sensación de inseguridad” se propone resolverla echando paños fríos a la misma, y se escucha al gobernador de la provincia propiciar una baja en la edad de imputabilidad, cuando todos sabemos que la misma es fijada por una ley nacional, proponiendo así más represión, con olvido de sus obligaciones esenciales: cumplir y hacer cumplir las leyes de la provincia.
La ley 13.298 crea un sistema de promoción y protección de derechos para los niños y jóvenes, sigue los parámetros de la Convención Internacional; la ley 13.634 crea un procedimiento en causas penales y de familia que reconocen a los niños y jóvenes como sujetos de derecho.
Cabe destacar que esta nueva legislación tiene características fundamentales; primero es universal, destinada a todos sin distinción de sexo-raza-religión y/o posición económica; cambia un paradigma -el del patronato- por otro que se adecua a tratados internacionales. La nueva norma indica que las mejores soluciones están dentro de cada uno de los grupos familiares de los pibes, con el consecuente fortalecimiento de los vínculos.
Una de las instituciones del nuevo sistema es la Comisión Interministerial, organismo que tiene la facultad de concretar las políticas señaladas por la ley 13.298. Pero se reúne poco o nada, y dichas reuniones no son constituidas por los máximos responsables de cada organismo que la componen, con lo que la operatividad de la misma deja mucho que desear.
Pareciera, además, que no hay interés en generar los organismos de contralor que prevee la norma en cuestión, me refiero al Observatorio Social, al Defensor del Niño y a los Consejos Locales. Jamás ha existido el llamado para su organización.
Todos los analistas del nuevo sistema, sus operadores directos, coinciden en que uno de los pilares del mismo se encuentra en los Servicios Locales. Hay que reconocer que algo se ha hecho, la suscripción de convenios con diversos municipios y la remisión de fondos para la instauración del sistema, que no fue acompañada por una tarea de control sobre el destino de los mismos. Por ello muchos municipios no realizaron el armado que la ley prevee, o lo hicieron en forma insuficiente, sin llamado a concurso del personal, con nominaciones transitorias, y tantos otros ni siquiera firmaron el convenio.
Si bien es cierto que se han creado los Servicios Zonales, ellos cumplen en muchos casos la tarea que corresponde a los locales. Tienen poco personal, transitorio, para tan ciclópea tarea; no se encuentran, en líneas generales, en el lugar de la problemática; y lo más importante es que su creación no tenía ni tiene como objetivo la atención del caso a caso.
Es sencillo ver las consecuencias de los problemas sociales y desde ellos pretender hacer algo. Lo dificultoso, pero que debe ocuparnos, es la solución de las causas más evidentes que generan aquel tipo de situaciones.
No puede caber duda de que la exclusión social, el alejamiento de los sistemas de integración a la comunidad, la expulsión de los sujetos -que son nuestros conciudadanos- es uno de los motivos más frecuentes de dichas consecuencias.
Si revalorizamos el núcleo familiar, como centro de socialización de nuestros niños y jóvenes, debemos ver que aquel se encuentre consolidado. Ello hoy no ocurre. Hemos pasado etapas fuertes donde el individualismo ha sido la premisa básica y ello caló hondo en nuestro entramado social.- ¿Qué queremos decir con inclusión del núcleo familiar? Como mínimo que uno de sus componentes, jefa o jefe de familia, tenga un trabajo digno; que posean casa habitación con las mínimas comodidades y una cobertura médica suficiente.
Sobre esa base, habrá que verificar la efectivización de los derechos de niños y jóvenes -inclusión y permanencia en el sistema educativo; acceso a espacios de esparcimientos; ingreso al trabajo digno-, y la progresividad de los mismos.
Cuando los derechos mínimos esbozados en párrafos precedentes no se encuentren adecuadamente garantizados, tanto en el núcleo familiar, como en cada uno de los niños y jóvenes, será obligatorio, que el estado arbitre los mecanismos necesarios para que ello acontezca, a través de planes y programas.
Ante todo ello, cabe remarcar la incongruencia entre el asombro por el incremento de la inseguridad, la participación de jóvenes en hechos violatorios de la ley penal que contribuyen con aquel estado; y la escasez de concreciones por parte del gobierno, silenciadas detrás del “discurso” represivo. Primero cumplir la ley, luego pensar en bajar edades de imputabilidad.
"Aléjame de la sabiduría que no llora, de la filosofís que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños."
Ponce Nuñez Marcelo Enrique-
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